El pasado 10 de julio apareció en la Gaceta Oficial un paquete de nuevas legislaciones acerca del trabajo por cuenta propia, las cuales, en lo fundamental, entrarán en vigor el próximo mes de diciembre. Los medios de difusión oficialistas, utilizando un término eufemístico, insisten en que solo estamos a las puertas de una “nueva temporada” de ese tipo de labor no estatal.
A pesar de la argumentación gubernamental en el sentido de que únicamente se trata de un reordenamiento del trabajo por cuenta propia, reina un ambiente de incertidumbre entre buena parte de los cuentapropistas, tal y como se pudo apreciar en las preguntas de los televidentes durante los dos días de Mesas Redondas que transmitió hace poco la televisión cubana.
A viejas preocupaciones de los cuentapropistas, como la no existencia de un mercado mayorista donde adquirir sus insumos, se agregan ahora dos nuevos requerimientos: la imposibilidad de que un cuentapropista pueda ejercer más de una actividad, y la obligación de que los propietarios de cafeterías, bares, paladares, medios de transporte de pasajeros, y los arrendadores de viviendas, espacios y habitaciones, habiliten una cuenta bancaria para depositar los ingresos que obtengan por su trabajo.
Los panelistas de la Mesa Redonda no pudieron -o no quisieron- brindar una respuesta satisfactoria a las inquietudes de la población, que indagaba acerca del porqué se prohíbe más de una licencia por cuentapropista. A todas luces se trata de una medida encaminada a impedir la concentración de la riqueza, ese detalle tan debatido, y tan preocupante para los elementos de línea dura de la nomenclatura gubernamental.
Sobre la obligación de habilitar una cuenta bancaria, muchos cuentapropistas opinan que eso los fuerza a mantener una relación estrecha con los bancos, los cuales, según ellos, no son todo lo eficientes que se requiere para garantizar un vínculo de ese tipo. Incluso, no faltan cuentapropistas que temen que, una vez establecida la cuenta, el banco decida en qué puedan gastar su dinero.
Por otra parte, un nuevo eslabón se añade al mecanismo de control gubernamental sobre el trabajo por cuenta propia. A la labor del Ministerio de Trabajo y la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), se suman ahora los diferentes organismos de la Administración Central del Estado. Porque, en lo adelante, los cuentapropistas serán “asesorados” por los ministerios que guarden afinidad con la actividad que ellos realizan. Por ejemplo, las cafeterías, paladares y bares, funcionarán bajo el tutelaje del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN).
Y si el desasosiego envuelve a elaboradores de alimentos, arrendadores de viviendas, artesanos y otros trabajadores por cuenta propia, qué dejaremos para los taxistas particulares, especialmente los de La Habana, con quienes comienza un experimento este 8 de octubre.
A partir de esa fecha los taxistas habaneros tendrán que decidirse por una de estas tres modalidades a la hora de prestar el servicio: taxis de alto confort (solo para autos que reúnan ciertas características que clasifiquen para trabajar con el turismo internacional), taxis ruteros (con precios topados), y taxis libres (pero que no podrán circular por las rutas tradicionales). Como se podrá apreciar, una verdadera encrucijada para los taxistas, sobre todo al momento de optar por alguna de las dos últimas modalidades. Porque si se les topa el precio, es malo para ellos; y si se les prohíbe circular por donde abundan los potenciales pasajeros, es malo también…
Ante semejante disyuntiva, un televidente expresó su preocupación de que los taxistas renunciaran en masa a seguir prestando servicios, y La Habana amaneciera un día sin sus utilísimos almendrones.
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